FRAGMENTOS DEL PROYECTO
COMPORTAMIENTOS POLÍTICOS QUE IMPIDEN UNA PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN SAN
CRISTÓBAL
Este primer avance de
investigación fue posible gracias a la información y a la colaboración de los
habitantes de la Localidad 4 de San Cristóbal, quienes de manera desinteresada
compartieron con nosotros sobre la realidad de los contextos políticos. A ellos
mil gracias por su voluntad, tiempo y paciencia.
Las organizaciones sociales y comunales no estamos suficientemente
informadas sobre nuestra realidad local y sobre los resultados de la política
pública para la inversión social, situación que expresamos permanentemente sin
conocer muy bien cuál es el comportamiento institucional en la dinámica de los
desarrollos comunitarios y los intereses que giran alrededor del tema de los
presupuestos participativos.
Es nuestro deber como ciudadanos responsables hacer parte de la toma de
decisiones en los presupuestos participativos y en los planes locales de
investigación pública, mediante una información argumentada y corroborada con
la realidad.
Planteamiento del problema
Este ejercicio investigativo, de carácter exploratorio y descriptivo, busca
identificar comportamientos políticos electorales de los habitantes de la
Localidad San Cristóbal y cómo afectan la calidad de la participación en la
construcción de los presupuestos participativos.
Metodología
Por nuestra vinculación con el trabajo comunitario y con los procesos comunales,
optamos por utilizar el modelo de la investigación social, para lo cual se
aplicaron cincuenta encuestas, se realizaron diez entrevistas a líderes locales
con trayectoria en el trabajo comunal y participación en política, y se
recogieron historias de vida de cinco ciudadanos de los barrios de las
diferentes Unidades de Planeamiento Zonal –UPZ-
Las anteriores estrategias de la investigación se complementaron con la
consulta de documentos sobre política social.
Contexto
San Cristóbal| es un de las localidades del Distrito declarada en emergencia
social, identificada como la segunda con mayores niveles de pobreza después de
Usme. Está densamente poblada, con aproximadamente 480.000 habitantes. Su
crecimiento demográfico se extiende sobre las 1.629,19 hectáreas de suelo urbano
y amenaza con seguir expandiéndose sobre zonas de la estructura ecológica
principal de los cerros orientales de la ciudad; de sus 211 barrios distribuidos
en cinco UPZ, por lo menos 180 clasifican en estratos uno y dos; de este
universo barrial se identifican 12 asentamientos humanos considerados ilegales
y en riesgo, donde se registran altas concentraciones de miseria.
Según indicadores, en la localidad hay cerca de 95 mil hogares en situación
de pobreza y más de 31 mil en situación de indigencia. El presupuesto oficial
de la Localidad para la vigencia de 2004-2008 es aproximadamente de 88 mil
millones de pesos, que si fueran distribuidos entre los ciudadanos locales, le
correspondería a cada uno de 182 pesos para los cuatro años. Las UPZ
consideradas de prioridad de intervención mediante programas y políticas sociales tanto de carácter local
y distrital son: la 32 de San Blas, la
51 Libertadores y la 50 La Gloria; UPZ con un grueso de población de 276.934
ciudadanos y catalogadas en los estudios y los diagnósticos institucionales
como la prioridad en la intervención.
El resumen de estadísticas que aparece a lo largo de este documento tiene,
entre otro fines, ilustrar los comportamientos políticos de los ciudadanos en
los presupuestos participativos, distinguir las diferencias presupuestales
entre las cinco UPZ y explorar las dinámicas electorales e la Localidad.
Primeras lecturas
Un primer análisis de la información obtenida señala una tendencia del
comportamiento político electoral local que impide una participación efectiva
en el diseño de los presupuestos participativos, la cual se caracteriza en
parte por la conformación y la evolución de pequeños feudo electorales dentro
de los barrios; feudos controlados y dependientes de un esquema bipartidista que
obedecen a criterios clientelistas frente al voto. Esta práctica, convertida en
un medio para cautivar adeptos que acompañen decisiones electorales, se
mantiene y sobrevive en asocio con líderes naturales que tienes representación
de estos grupos barriales; ciudadanos que, a su vez, tienen los contactos con
el personaje político y se constituye en el canal de intermediación.
Normalmente esta es una de las formas primarias indirectas de participación
ciudadana en política. Diríamos que en ella quien más conoce sobre el tema de
la política electoral y publica es quien está al frente representando al feudo.
Este comportamiento político local de feudos se intensifica en épocas
próximas a elecciones, encuentros ciudadanos, presupuestos participativos o
mecanismos de participación donde se eligen representantes. Este fenómeno por
el control de los votos del territorio adquiere cada vez más relevancia entre
candidatos políticos, lideres, organizaciones y dirigentes sociales que pugnan
por el dominio de zonas dentro de los territorios, tratando de ampliar la base
electoral en los barrios y la fianza de la comunidad en el ejercicio electoral.
Lo que más preocupa al político es ganar
base electoral y adeptos para su candidatura. Sus esfuerzos normalmente son
absorbidos por la arraigada práctica de clientilización y negociación del voto,
y en la contiende electoral se deja de lado lo cualitativo de la política: la
construcción colectiva y local de un proyecto político que refleje un de desarrollo alternativo estructurado sobre
la base de una movilización participativa de la ciudadanía.
La tendencia electoral clientelista del voto se mueve cada vez más en la perspectiva
de la utilidad mediata, lo que incrementa el control de los feudos a través de
dádivas. Cuando pocos días para la elección , el vínculo del político o de los
candidatos con la comunidad se fortalece ampliando la base electoral y
cumpliendo relativamente los acuerdos establecidos en campaña mediante favores,
entrega de algunos recursos tramites en entidades públicas y favoritismos en la
inversión de obras sociales, culturales y de infraestructura.
Hallamos entonces en este comportamiento político de la población local, un
primer elemento presente que impide una participación efectiva en los
presupuestos públicos sobre inversión social, y el cual calificamos como una
tendencia de la clientelización y una comercialización del voto sin coherencia
entre políticas públicas, planes y presupuestos sociales. Sus consecuencias se
observan en un comportamiento despectivo y desinteresado por el arte e hacer de
la política una actividad digna.
Este comportamiento demuestra que estamos
frente a la carencia de un desarrollo del conocimiento y la interpretación de
la política pública. El voto que representa la conciencia política de la gente
cae en la instrumentalización y en el utilitarismo coyuntural.
Esta lógica política, si bien es cierto resuelve situaciones personales y
algunos intereses colectivos, no está contribuyendo al desarrollo de un Estado.
Mantener la población “presa” en pequeños grupos sin que haya formación
política para comprender e interpretar críticamente la realidad de los
contextos locales y los presupuestos participativos, es coadyudar a la
ignorancia y al analfabetismo político del ciudadano.
El segundo comportamiento político que impide y dificulta al ciudadano una
participación cualificada es su falta de gestión autónoma, pues cae en la dependencia
del político de turno, esperando que la inversión para atender las necesidades barriales
las gestione su elegido. El habitante no se preocupa por desarrollar una
planeación estratégica de su barrio, no elaboran un plan de desarrollo interno,
no participa en los encuentros ciudadanos, y no ve otras alternativas a las
promesas del político que está en los espacios del poder.
Retomando los datos estadísticos y colocándolos en el escenario de la
discusión para hallar cuál es su relación con la participación, encontramos un
tercer comportamiento político que impide la efectiva participación ciudadana,
compuestos por varios elementos: el primero, la información no llega a la
comunidad oportunamente; el segundo, las dificultades para interpretar las
estadísticas y, por ende, la incapacidad para retransmitir y socializarlas en
el ámbito comunal; y el tercero, relacionado con la carencia de un proceso educativo
permanente en presupuestos participativos.
Esto se refleja en la nula incidencia de las prácticas de participación en
el diseño de los presupuestos participativos durante las asambleas para
inversión local 2007; pues como ya se expuso, existe un desconocimiento general
de los contextos presupuestales de la inversión pública.
A esta conclusión llegamos mediante los resultados de las encuestas aplicadas
a presidentes de juntas comunales, el diálogo con habitantes, entrevistas a
consejeros de planeación, la asistencias a asambleas de participación ciudadana
(para la inversión, la priorización de programas y objetos de inversión del eje
social), a reuniones de rendición de cuentas, la revisión de documentos oficiales emitidos
por la Alcaldía Local y del Consejo Local de Política Social y el acercamiento
a otros espacios institucional y comunitarios.
La presentación de estadísticas sobre la política de inversión social,
mediante porcentajes, indicadores, cuadros de inversión, mapas con escalas
numéricas y balances en formatos de matrices, se constituye en uno de los
enfoques tradicionales utilizados por la instituciones para informar
resultados, siendo una metodología de estructura matemática de complicada
lectura comprensiva para una inmensa mayoría de los habitantes de la Localidad
que dificulta su participación en la toma de decisiones para la concertación anual
sobre la inversión social. Con razón dicen: “…no entendimos nada, la reunión
fue aburrida y me dormí; para uno llegar con opiniones deberían entregar la
documentación con anterioridad y así poder participar con ideas…. en las
reuniones de entrega de balances institucionales donde estuvimos presentes,
suele ocurrir que los participantes guardan silencio frente a exposiciones
técnicamente elaboradas; la metodología para la entrega de la información con
estadísticas, pedagógicamente no está pensada para el nivel cultural de las
comunidades participantes”.
El análisis de diferentes documento estadísticos permitió realizar un comparación
de los recursos invertidos en las UPZ de La Localidad, la cual resumimos así:
La UPZ sosiego, en la vigencia de 2004-2005, presenta una inversión del nivel
central aproximada a los 39 mil millones de pesos y una proyección presupuestal
para el 2006 cercana a los 34 mil millones de pesos, sin incluir los recursos
asignados por el Fondo de desarrollo Local de San Cristóbal. Mientras que en
las UPZ Los Libertadores. San Blas y La Gloria, clasificadas como las de
mayores necesidades, encontramos que la inversión es menor. Por ejemplo, para
los años 2004 y 2005 la UPZ los libertadores obtuvo una inversión total cercana
a los 15 millones de pesos y con una proyección para el 2006 aproximada a los
13 mil millones de pesos.
La UPZ Los Libertadores tiene una
población de 87.622 habitantes; su número de barrios está entre los 40 y 45, y,
según el Plan de Desarrollo Local, tiene cerca de 64mil viviendas de estratos 1
y 2. Curiosamente, es un territorio en el que no residen ediles y en los
comicios electorales sus habitantes apoyan candidatos de otras UPZ.
San Blas es la UPZ considerada como la de más necesidades de atención.
Cerca de 20 mil millones de pesos fueron los recursos de carácter distrital
asignados en los años 2004 y 2005, y cerca de 10 mil millones de pesos se
proyectaron para el 2006; no se conoce el monto de la inversión y de los
presupuestos del Fondo Local en esta UPZ, debido a que los documentos
entregados en las asambleas son de carácter global y no aparecen los rubros
detallados. Este territorio supera la
cifra de 80 mil pobladores y cuenta con 64 barrios y 10 mil viviendas: su estrato
predominante es el 1, y en ella aparecen registrados los mayores índices de
asentamientos ilegales. De este sector local provienen dos ediles.
La UPZ La Gloria tiene una población de 108.645 habitantes, 46 barrios y
más de 16 mil vivienda clasificadas en estrato 2. Está considerada como uno de
los territorios que aún no resuelve sus problemáticas sociales. Su asignación
presupuestal y sus registros de inversión la ubican en el tercer lugar con 31
mil millones de pesos para la vigencia de 2004-20005, y con una proyección de
recursos de casi 22 mil millones de pesos para el 2006, igual que en las demás
UPZ, no se conoce la inversión del Fondo Local detallado. Como en la UPZ Los
Libertadores, ésta presenta un grave problema ambiental con la contaminación de
la micro cuenca Chingaza. De este sector local hacen parte dos ediles.
Finalmente tenemos la UPZ 20 de Julio. La pueblan 115.050 personas en 27
barrios y 13.536 viviendas. Es la segunda UPZ con mayores recursos invertidos
durante el 2004 y el 2005: cerca de 39 mil millones de pesos, sin incluir los
recursos del Fondo de Desarrollo Local. Para el año 2006, con el presupuesto
Distrital, se proyectaron cerca de 34 mil millones de pesos. Algunos sectores
están en los estratos 2 y 3. Es un territorio bastante consolidado pero
presenta un serio problema de deslizamiento de suelos. Este sector cuenta con
representación de ediles.
Con estas cifras comparativas por UPZ de la inversión en el Eje Social de
San Cristóbal y la relación entre los presupuestos, queremos mostrar cómo estos
territorios en emergencia social no están siendo suficientemente beneficiados
con las políticas públicas y las decisiones distritales y locales destacando
que la Alcaldía Local es la entidad que finalmente tiene la iniciativa del gasto
y que es JAL la que tiene competencia para aprobar o no el Plan de inversión
Plurianual. Esta realidad lleva a preguntarnos si realmente participar en los
presupuestos participativos tiene incidencia.
Un cuarto comportamiento político que impide la participación ciudadana
efectiva en el diseño de los presupuestos participativos se relaciona con la
predeterminación de la asignación de los montos presupuestales por parte de las
instituciones, para lo cual la comunidad se convoca, generalmente para
legitimar lo decidido. Lo que nuestra primera aproximación investigativa
permite evidenciar es que las UPZ más necesitadas son las que menos recursos
reciben para la inversión social.
Los diferentes diagnósticos arrojan que las UPZ con mayores conflictos son
las que se encuentran en las zonas periféricas de la localidad.
Las personas involucradas en esta investigación proponen que para lograr
equilibrios sociales es necesario redefinir la distribución de los recursos,
priorizando aquellas UPZ que representa las mayores carencias. Este
planteamiento seguramente exigirá transformaciones en las prácticas electorales
y de las voluntades políticas de las instituciones y de las administraciones de
turno. En este sentido, algunas entidades de gobierno distrital y
organizaciones sociales están promoviendo estrategias más efectivas de
participación como foros locales, congresos, núcleos comunitarios, redes
sociales y planeación por territorios.
Esta propuesta plantea de fondo la necesidad de que el actor social se
desvincule del feudo electoral, sea capaz de autodeterminar qué política
pública exige el territorio, cuál debe ser el proyecto político plasmado en el
Plan de Desarrollo Local, quiénes deben representar a la Localidad en los
espacios donde se toman decisiones. Es decir, las razones por las cuales es
fundamental para el desarrollo de la Localidad planear la participación
ciudadana en una perspectiva distinta a la clientelización política.
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| Vista desde el barrio "Las Gaviotas". Localidad de San Cristóbal. Fuente: ArtoArte. |
Conclusiones:
Pensar en un sujeto social desde el concepto de participación de la
institucionalidad local, y de algunos sectores centrales, no está fortaleciendo
una participación con poder de decisión en los presupuesto de invención
plurianual, ni un pensamiento local en el que primen los derechos
fundamentales.
Este primer avance de investigación deja algunos interrogantes: ¿realmente
la masa de ciudadanos votantes está preparada políticamente para la formulación
de un plan de desarrollo local alternativo? ¿Cuántos de lo que votamos hacemos seguimiento
a los programas de gobierno de los elegidos? ¿Cómo los electores, que a la vez
somos constituyentes primarios hacemos realidad los derechos fundamentales
consagrados en la Constitución Nacional, poniéndolos al servicios del contexto
local?, ¿podríamos hacer de la información estadística una estrategia pedagogía
para la participación ciudadana?
Escrito por:
Manuel Castellanos.
Fuente:
Revista Di-sentir. Bogotá, Colombia. Marzo de 2007.
Observatorio de Participación Social y Comunal de Bogotá.
Convenio Interadministrativo 0185-06 “Pensando el
Observatorio”.
