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30 junio 2015

Reflexiones sobre participación ciudadana en San Cristóbal

FRAGMENTOS DEL PROYECTO

COMPORTAMIENTOS POLÍTICOS QUE IMPIDEN UNA PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN SAN CRISTÓBAL

Este primer avance de investigación fue posible gracias a la información y a la colaboración de los habitantes de la Localidad 4 de San Cristóbal, quienes de manera desinteresada compartieron con nosotros sobre la realidad de los contextos políticos. A ellos mil gracias por su voluntad, tiempo y paciencia.

Las organizaciones sociales y comunales no estamos suficientemente informadas sobre nuestra realidad local y sobre los resultados de la política pública para la inversión social, situación que expresamos permanentemente sin conocer muy bien cuál es el comportamiento institucional en la dinámica de los desarrollos comunitarios y los intereses que giran alrededor del tema de los presupuestos participativos.
Es nuestro deber como ciudadanos responsables hacer parte de la toma de decisiones en los presupuestos participativos y en los planes locales de investigación pública, mediante una información argumentada y corroborada con la realidad.

Planteamiento del problema

Este ejercicio investigativo, de carácter exploratorio y descriptivo, busca identificar comportamientos políticos electorales de los habitantes de la Localidad San Cristóbal y cómo afectan la calidad de la participación en la construcción de los presupuestos participativos.

Metodología

Por nuestra vinculación con el trabajo comunitario y con los procesos comunales, optamos por utilizar el modelo de la investigación social, para lo cual se aplicaron cincuenta encuestas, se realizaron diez entrevistas a líderes locales con trayectoria en el trabajo comunal y participación en política, y se recogieron historias de vida de cinco ciudadanos de los barrios de las diferentes Unidades de Planeamiento Zonal –UPZ-
Las anteriores estrategias de la investigación se complementaron con la consulta de documentos sobre política social.

Contexto

San Cristóbal| es un de las localidades del Distrito declarada en emergencia social, identificada como la segunda con mayores niveles de pobreza después de Usme. Está densamente poblada, con aproximadamente 480.000 habitantes. Su crecimiento demográfico se extiende sobre las 1.629,19 hectáreas de suelo urbano y amenaza con seguir expandiéndose sobre zonas de la estructura ecológica principal de los cerros orientales de la ciudad; de sus 211 barrios distribuidos en cinco UPZ, por lo menos 180 clasifican en estratos uno y dos; de este universo barrial se identifican 12 asentamientos humanos considerados ilegales y en riesgo, donde se registran altas concentraciones de miseria.
Según indicadores, en la localidad hay cerca de 95 mil hogares en situación de pobreza y más de 31 mil en situación de indigencia. El presupuesto oficial de la Localidad para la vigencia de 2004-2008 es aproximadamente de 88 mil millones de pesos, que si fueran distribuidos entre los ciudadanos locales, le correspondería a cada uno de 182 pesos para los cuatro años. Las UPZ consideradas de prioridad de intervención mediante programas y  políticas sociales tanto de carácter local y  distrital son: la 32 de San Blas, la 51 Libertadores y la 50 La Gloria; UPZ con un grueso de población de 276.934 ciudadanos y catalogadas en los estudios y los diagnósticos institucionales como la prioridad en la intervención.



El resumen de estadísticas que aparece a lo largo de este documento tiene, entre otro fines, ilustrar los comportamientos políticos de los ciudadanos en los presupuestos participativos, distinguir las diferencias presupuestales entre las cinco UPZ y explorar las dinámicas electorales e la Localidad.

Primeras lecturas

Un primer análisis de la información obtenida señala una tendencia del comportamiento político electoral local que impide una participación efectiva en el diseño de los presupuestos participativos, la cual se caracteriza en parte por la conformación y la evolución de pequeños feudo electorales dentro de los barrios; feudos controlados y dependientes de un esquema bipartidista que obedecen a criterios clientelistas frente al voto. Esta práctica, convertida en un medio para cautivar adeptos que acompañen decisiones electorales, se mantiene y sobrevive en asocio con líderes naturales que tienes representación de estos grupos barriales; ciudadanos que, a su vez, tienen los contactos con el personaje político y se constituye en el canal de intermediación.

Normalmente esta es una de las formas primarias indirectas de participación ciudadana en política. Diríamos que en ella quien más conoce sobre el tema de la política electoral y publica es quien está al frente representando al feudo.



Este comportamiento político local de feudos se intensifica en épocas próximas a elecciones, encuentros ciudadanos, presupuestos participativos o mecanismos de participación donde se eligen representantes. Este fenómeno por el control de los votos del territorio adquiere cada vez más relevancia entre candidatos políticos, lideres, organizaciones y dirigentes sociales que pugnan por el dominio de zonas dentro de los territorios, tratando de ampliar la base electoral en los barrios y la fianza de la comunidad en el ejercicio electoral. Lo  que más preocupa al político es ganar base electoral y adeptos para su candidatura. Sus esfuerzos normalmente son absorbidos por la arraigada práctica de clientilización y negociación del voto, y en la contiende electoral se deja de lado lo cualitativo de la política: la construcción colectiva y local de un proyecto político que refleje un  de desarrollo alternativo estructurado sobre la base de una movilización participativa de la ciudadanía.

La tendencia electoral clientelista del voto se mueve cada vez más en la perspectiva de la utilidad mediata, lo que incrementa el control de los feudos a través de dádivas. Cuando pocos días para la elección , el vínculo del político o de los candidatos con la comunidad se fortalece ampliando la base electoral y cumpliendo relativamente los acuerdos establecidos en campaña mediante favores, entrega de algunos recursos tramites en entidades públicas y favoritismos en la inversión de obras sociales, culturales y de infraestructura.

Hallamos entonces en este comportamiento político de la población local, un primer elemento presente que impide una participación efectiva en los presupuestos públicos sobre inversión social, y el cual calificamos como una tendencia de la clientelización y una comercialización del voto sin coherencia entre políticas públicas, planes y presupuestos sociales. Sus consecuencias se observan en un comportamiento despectivo y desinteresado por el arte e hacer de la política una actividad digna. 

Este comportamiento demuestra que estamos frente a la carencia de un desarrollo del conocimiento y la interpretación de la política pública. El voto que representa la conciencia política de la gente cae en la instrumentalización y en el utilitarismo coyuntural.

Esta lógica política, si bien es cierto resuelve situaciones personales y algunos intereses colectivos, no está contribuyendo al desarrollo de un Estado. Mantener la población “presa” en pequeños grupos sin que haya formación política para comprender e interpretar críticamente la realidad de los contextos locales y los presupuestos participativos, es coadyudar a la ignorancia y al analfabetismo político del ciudadano.

El segundo comportamiento político que impide y dificulta al ciudadano una participación cualificada es su falta de gestión autónoma, pues cae en la dependencia del político de turno, esperando que la inversión para atender las necesidades barriales las gestione su elegido. El habitante no se preocupa por desarrollar una planeación estratégica de su barrio, no elaboran un plan de desarrollo interno, no participa en los encuentros ciudadanos, y no ve otras alternativas a las promesas del político que está en los espacios del poder.

Retomando los datos estadísticos y colocándolos en el escenario de la discusión para hallar cuál es su relación con la participación, encontramos un tercer comportamiento político que impide la efectiva participación ciudadana, compuestos por varios elementos: el primero, la información no llega a la comunidad oportunamente; el segundo, las dificultades para interpretar las estadísticas y, por ende, la incapacidad para retransmitir y socializarlas en el ámbito comunal; y el tercero, relacionado con la carencia de un proceso educativo permanente en presupuestos participativos.
Esto se refleja en la nula incidencia de las prácticas de participación en el diseño de los presupuestos participativos durante las asambleas para inversión local 2007; pues como ya se expuso, existe un desconocimiento general de los contextos presupuestales de la inversión pública.

A esta conclusión llegamos mediante los resultados de las encuestas aplicadas a presidentes de juntas comunales, el diálogo con habitantes, entrevistas a consejeros de planeación, la asistencias a asambleas de participación ciudadana (para la inversión, la priorización de programas y objetos de inversión del eje social), a reuniones de rendición de cuentas,  la revisión de documentos oficiales emitidos por la Alcaldía Local y del Consejo Local de Política Social y el acercamiento a otros espacios institucional y comunitarios.

La presentación de estadísticas sobre la política de inversión social, mediante porcentajes, indicadores, cuadros de inversión, mapas con escalas numéricas y balances en formatos de matrices, se constituye en uno de los enfoques tradicionales utilizados por la instituciones para informar resultados, siendo una metodología de estructura matemática de complicada lectura comprensiva para una inmensa mayoría de los habitantes de la Localidad que dificulta su participación en la toma de decisiones para la concertación anual sobre la inversión social. Con razón dicen: “…no entendimos nada, la reunión fue aburrida y me dormí; para uno llegar con opiniones deberían entregar la documentación con anterioridad y así poder participar con ideas…. en las reuniones de entrega de balances institucionales donde estuvimos presentes, suele ocurrir que los participantes guardan silencio frente a exposiciones técnicamente elaboradas; la metodología para la entrega de la información con estadísticas, pedagógicamente no está pensada para el nivel cultural de las comunidades participantes”.



El análisis de diferentes documento estadísticos permitió realizar un comparación de los recursos invertidos en las UPZ de La Localidad, la cual resumimos así: La UPZ sosiego, en la vigencia de 2004-2005, presenta una inversión del nivel central aproximada a los 39 mil millones de pesos y una proyección presupuestal para el 2006 cercana a los 34 mil millones de pesos, sin incluir los recursos asignados por el Fondo de desarrollo Local de San Cristóbal. Mientras que en las UPZ Los Libertadores. San Blas y La Gloria, clasificadas como las de mayores necesidades, encontramos que la inversión es menor. Por ejemplo, para los años 2004 y 2005 la UPZ los libertadores obtuvo una inversión total cercana a los 15 millones de pesos y con una proyección para el 2006 aproximada a los 13 mil millones de pesos.

La UPZ  Los Libertadores tiene una población de 87.622 habitantes; su número de barrios está entre los 40 y 45, y, según el Plan de Desarrollo Local, tiene cerca de 64mil viviendas de estratos 1 y 2. Curiosamente, es un territorio en el que no residen ediles y en los comicios electorales sus habitantes apoyan candidatos de otras UPZ.

San Blas es la UPZ considerada como la de más necesidades de atención. Cerca de 20 mil millones de pesos fueron los recursos de carácter distrital asignados en los años 2004 y 2005, y cerca de 10 mil millones de pesos se proyectaron para el 2006; no se conoce el monto de la inversión y de los presupuestos del Fondo Local en esta UPZ, debido a que los documentos entregados en las asambleas son de carácter global y no aparecen los rubros detallados.  Este territorio supera la cifra de 80 mil pobladores y cuenta con 64 barrios y 10 mil viviendas: su estrato predominante es el 1, y en ella aparecen registrados los mayores índices de asentamientos ilegales. De este sector local provienen dos ediles.

La UPZ La Gloria tiene una población de 108.645 habitantes, 46 barrios y más de 16 mil vivienda clasificadas en estrato 2. Está considerada como uno de los territorios que aún no resuelve sus problemáticas sociales. Su asignación presupuestal y sus registros de inversión la ubican en el tercer lugar con 31 mil millones de pesos para la vigencia de 2004-20005, y con una proyección de recursos de casi 22 mil millones de pesos para el 2006, igual que en las demás UPZ, no se conoce la inversión del Fondo Local detallado. Como en la UPZ Los Libertadores, ésta presenta un grave problema ambiental con la contaminación de la micro cuenca Chingaza. De este sector local hacen parte dos ediles.

Finalmente tenemos la UPZ 20 de Julio. La pueblan 115.050 personas en 27 barrios y 13.536 viviendas. Es la segunda UPZ con mayores recursos invertidos durante el 2004 y el 2005: cerca de 39 mil millones de pesos, sin incluir los recursos del Fondo de Desarrollo Local. Para el año 2006, con el presupuesto Distrital, se proyectaron cerca de 34 mil millones de pesos. Algunos sectores están en los estratos 2 y 3. Es un territorio bastante consolidado pero presenta un serio problema de deslizamiento de suelos. Este sector cuenta con representación de ediles.

Con estas cifras comparativas por UPZ de la inversión en el Eje Social de San Cristóbal y la relación entre los presupuestos, queremos mostrar cómo estos territorios en emergencia social no están siendo suficientemente beneficiados con las políticas públicas y las decisiones distritales y locales destacando que la Alcaldía Local es la entidad que finalmente tiene la iniciativa del gasto y que es JAL la que tiene competencia para aprobar o no el Plan de inversión Plurianual. Esta realidad lleva a preguntarnos si realmente participar en los presupuestos participativos tiene incidencia.

Un cuarto comportamiento político que impide la participación ciudadana efectiva en el diseño de los presupuestos participativos se relaciona con la predeterminación de la asignación de los montos presupuestales por parte de las instituciones, para lo cual la comunidad se convoca, generalmente para legitimar lo decidido. Lo que nuestra primera aproximación investigativa permite evidenciar es que las UPZ más necesitadas son las que menos recursos reciben para la inversión social.

Los diferentes diagnósticos arrojan que las UPZ con mayores conflictos son las que se encuentran en las zonas periféricas de la localidad.

Las personas involucradas en esta investigación proponen que para lograr equilibrios sociales es necesario redefinir la distribución de los recursos, priorizando aquellas UPZ que representa las mayores carencias. Este planteamiento seguramente exigirá transformaciones en las prácticas electorales y de las voluntades políticas de las instituciones y de las administraciones de turno. En este sentido, algunas entidades de gobierno distrital y organizaciones sociales están promoviendo estrategias más efectivas de participación como foros locales, congresos, núcleos comunitarios, redes sociales y  planeación por territorios.

Esta propuesta plantea de fondo la necesidad de que el actor social se desvincule del feudo electoral, sea capaz de autodeterminar qué política pública exige el territorio, cuál debe ser el proyecto político plasmado en el Plan de Desarrollo Local, quiénes deben representar a la Localidad en los espacios donde se toman decisiones. Es decir, las razones por las cuales es fundamental para el desarrollo de la Localidad planear la participación ciudadana en una perspectiva distinta a la clientelización política.

Vista desde el barrio "Las Gaviotas". Localidad de San Cristóbal.
Fuente: ArtoArte. 

Conclusiones:

Pensar en un sujeto social desde el concepto de participación de la institucionalidad local, y de algunos sectores centrales, no está fortaleciendo una participación con poder de decisión en los presupuesto de invención plurianual, ni un pensamiento local en el que primen los derechos fundamentales.
Este primer avance de investigación deja algunos interrogantes: ¿realmente la masa de ciudadanos votantes está preparada políticamente para la formulación de un plan de desarrollo local alternativo? ¿Cuántos de lo que votamos hacemos seguimiento a los programas de gobierno de los elegidos? ¿Cómo los electores, que a la vez somos constituyentes primarios hacemos realidad los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional, poniéndolos al servicios del contexto local?, ¿podríamos hacer de la información estadística una estrategia pedagogía para la participación ciudadana?

Escrito por:
Manuel Castellanos.

Fuente:
Revista Di-sentir. Bogotá, Colombia. Marzo de 2007.
Observatorio de Participación Social y Comunal de Bogotá.

Convenio Interadministrativo 0185-06 “Pensando el Observatorio”. 

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